Se trata de un expediente al que en el pasado han dado la vuelta administraciones de distintas fuerzas políticas. Hay que tener en cuenta que la actual Ley de Juegos y Sorteos viene de mediados del siglo pasado cuando era presidente Miguel Alemán Valdés. Pues bien, la nota es que la secretaría de Gobernación ha iniciado el proceso para revisar una ley con el fin regular un negocio que ha crecido como la espuma en los últimos años.

La intención de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez es alcanzar una ley moderna que incluya tanto al juego físico como en línea, y con ello unificar criterios que permitan por un lado mejorar la recaudación de impuestos por esa actividad, y por otra, evitar las extorsiones que sufren esos negocios.

En el frente empresarial el interlocutor con el gobierno es la CONAIET, una entidad que forma parte de Concamin y que agrupa a la mayor parte de los concesionarios de salas de juego, que tiene como mandamás a Francisco Rodríguez Caballero quien estima que hacia 2030 las salas de juego podrían atraer más de 10 millones de visitantes al año, duplicando los cerca de 5 millones de personas que visitaron esos negocios en 2024. 

Gutiérrez Caballero ha aplaudido la voluntad política del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo de regular con mejores prácticas al negocio de los casinos que genera más de 200 mil empleos, y que es visto como una fuente de inversión tanto de empresas nacionales como extranjeras.   

Digamos que desde el segundo piso de la 4T comienza a verse con otra mirada la actividad del juego.

Y es que recodará que en noviembre de 2023 se publicó un decreto que reduce la vigencia de las concesiones de 25 a 15 años, sin posibilidad de prórroga, lo que se ve como una limitante para la inversión.

Ese cambio si bien reforzó la potestad de la secretaria de Gobernación para la autorización, control y vigencia de juegos con apuesta y sorteos, centralizando el control federal dejó espacios a autoridades estatales y municipales que en muchos casos afectan la sana operación de salas de juegos.

Otro objetivo de la nueva Ley de Juegos y Sorteos, a decir de Rodríguez Caballero, es revisar la gestión de los casinos que operan en plataformas de internet domiciliados en muchos casos fuera del país que como imaginará le dan la vuelta al fisco.

Solo para que tenga idea del tamaño de ese segmento del juego, se estima que los casinos en línea mueven año más de 3 mil millones de dólares al año y que a decir de CONAIET entre 2024 y 2034 podría presentar en nuestro país tasas de crecimiento de 7.7 por ciento al año.

Tal crecimiento es respaldado por la alta penetración de internet que dieron lugar a que al cierre de 2024 hubiera más de 18 millones de cuentas activas de mexicanos en diversas plataformas de juego en línea cuando en 2023 había 15 millones de cuentas.

Rodríguez de CONAIET explica que las salas de juego han realizado inversiones cuantiosas en estos años para garantizar la seguridad de sus visitantes, elevar la calidad de sus servicios y cumplir con todas las reglas fijadas por las autoridades, entre ellas Políticas para la Prevención de Lavado de Dinero, así como envío de información en tiempo real al SAT de miles de maquinitas tragamonedas en más de 400 casinos que operan en el país.

Según algunos expertos se estima que el 70 por ciento de los permisos de casas de juego deberán expirar hacia 2028.

La ruta del dinero

Fíjese que el fondo de Inversión INVEXMP B1 de la Operadora de Fondos INVEX fue reconocido por Morningstar como el mejor fondo de riesgo de mediano plazo. Se trata de una sociedad de inversión que se concentra en deuda privada a través de certificados bursátiles de varios sectores, tanto en papeles de tasa flotante como revisable. Al respecto, Rodolfo Campuzano, director de Operadora de Fondos de INVEX, dijo que “el fondo resulta conveniente para pequeños y medianos inversionistas, pues se puede acceder con montos bajos a títulos de deuda de empresas que comúnmente tienen poca liquidez en el mercado, y donde se pueden obtener rendimientos superiores a los títulos de deuda del gobierno libres de riesgo.”